El pasado 9 de noviembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia que otorga beneficios legales a los miembros de formas de convivencia distintos a los de la familia nuclear tradicional, protegidos ya mediante el matrimonio y el concubinato. Las sociedades de convivencia reconocen simplemente la posibilidad de que dos personas adultas del mismo o de diferente sexo consientan en dar personalidad jurídica a sus vínculos afectivos, en tanto ambos cuenten con capacidad jurídica plena, cohabiten un hogar, tengan voluntad de permanencia y ayuda mutua, y no tengan una relación de parentesco colateral menor a cuatro grados.
La iniciativa de Ley votada establece en su exposición de motivos que “en un Estado democrático de derecho, no existe razón, ni fundamento jurídico alguno, que sustente la falta de reconocimiento de derechos civiles y sociales a miles de ciudadanas y ciudadanos, por causa de la prevalencia de un prejuicio más o menos generalizado respecto de la diversidad sexual y afectiva.” Es decir, no se trata de un asunto moral restringido por la valoración social de las relaciones afectivas, sino de un asunto jurídico en el que el Estado es un agente legal que garantiza la igualdad jurídica de sus ciudadanos.
No otra puede ser la tarea de un Estado democrático. En ello México se inserta en una tendencia que parece irreversible en las democracias del mundo. En 22 democracias del mundo se reconocen legalmente las uniones afectivas entre personas del mismo sexo, ya sea local o nacionalmente. Asimismo, hay ya 5 democracias en las que existe al matrimonio gay con todas las prerrogativas legales: Bélgica, Holanda, Canadá, España y apenas desde ayer, Sudáfrica. Los compromisos entre libertad y moralidad son curiosos e incómodos. Lo he dicho antes, si se restringe el matrimonio a parejas heterosexuales, pero se permiten uniones civiles a parejas homosexuales, ello implica que podemos distinguir entre elementos legales y morales del matrimonio, y peor aún pone al Estado democrático como garante de los segundos.
La aprobación de la Ley de Convivencia abre en México un debate indispensable sobre las extensiones de nuestra democracia y sus puntos de encuentro con argumentos –aún- morales. No hablo de la iglesia que puede sólo nombrar, excluir y condenar. Yo no soy un hombre de Dios. Hablo de quienes desde los editoriales disfrazan miedos morales con preocupaciones sociológicas. El argumento predilecto es el deterioro del matrimonio heterosexual, su abandono por formas ‘alternativas de convivencia’, en las que las familias no tradicionales se tornan predominantes y los hijos no nacen en imágenes de calendario, sino en hogares con padres no casados.
Esta evaluación no sólo es empíricamente errónea, sino que se origina de una concepción moral de los afectos que se encuentra a años luz de todo entendimiento liberal y democrático de la política. En primer lugar, el matrimonio heterosexual ha venido mostrando signos de debilitamiento desde mucho antes de siquiera comenzar a hablar del matrimonio gay. En segundo lugar, es inaceptable pensar que el ejercicio pleno de los derechos de una mayoría pasa por la negación de esos mismos derechos a una minoría. En tercer lugar, ni el matrimonio es la base de la familia, ni la familia es la base de la sociedad, una sociedad democrática se compone de individuos en igualdad de capacidades para ejercer su libertad, que incluye libertades afectivas y reproductivas. Finalmente, no es tarea del Estado definir los patrones de conducta privada de sus ciudadanos, sino proveer de la igualdad y protección jurídicas como lo que son, bienes públicos no divisibles. ¡Socioconvivamos!
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