Dinero público para fines privados (Publicado en Excelsior, 10/05/06)

Será la cercanía, será el desencanto. En México la presencia de Fidel Castro en la lista de los 10 mandatarios más ricos del mundo fue recibida con alboroto. El rostro más conocido de la izquierda en el mundo resultó ser un acaudalado empresario de las masas y las ilusiones. Nos mintió pareciera ser el grito compartido. ‘Castro tiene más dinero que la Reina Isabel II de Inglaterra’ afirman sorprendidos, y uno no puede evitar preguntarse ¿Por qué tendría Isabel II que tener más dinero que Castro?, de hecho, ¿Por qué tendrían los dos que ser millonarios? El uso de recursos públicos depende del diseño institucional de los sistemas políticos, ¿Qué es más útil para preservarse en el poder, invertir en bienes públicos, transferir bienes privados a los pilares del régimen o guardárselo en la bolsa?

Algo está mal en ambos casos si como afirma la revista Forbes, Castro tiene 900 millones de dólares y la Reina 500. La diferencia radica en que el cálculo de la fortuna de la Reina se basa en propiedades y el presupuesto que le es asignado por el gobierno, mientras que en el caso de Castro se basa “…en la red de compañías públicas” de la isla. Es decir, lo de Isabel II es dinero apropiado, lo de Castro es dinero potencialmente apropiable. No se trata de defender lo indefendible, decir que Castro es el hombre más rico de Cuba no es justificable, como tampoco lo es que el Príncipe Alberto I de Mónaco tenga una riqueza equivalente a 1,000 millones de dólares, o que el Príncipe Alwaleed de Arabia Saudita tenga una fortuna de 20,000 millones de dólares.

La punzada emocional resulta del despecho. Es una perversión pensar que un líder socialista sea millonario. Como lo es que un sistema económico basado en la libre empresa y la propiedad privada destine más dinero a subsidiar empresas privadas que a programas de seguridad social. Sin embargo, ese ha sido el caso en Estados Unidos. Tan sólo en 2001 se destinaron 87,000 millones de dólares a lo que se conoce como seguridad corporativa (Corporate Welfare); apoyos públicos a fines privados: beneficios fiscales, inversiones públicas, subsidios en insumos de producción. Por ejemplo, en 1997 el gobierno estadounidense incurrió en costos de alrededor de 150,000 millones de dólares en seguridad corporativa, mientras que la inversión en los programas centrales de seguridad social fue 145,000 millones de dólares.

Entendamos. El gobierno estadounidense destina una cantidad similar –y a veces superior- para fortalecer al sector privado que en apoyar programas de salud, educación, desempleo y vivienda para fortalecer a los estratos económicos más desfavorecidos. Esto claro, sin contar el monto de contratos de empresas privadas con el gobierno estadounidense, cantidades alucinantes destinadas en la industria militar, de construcción o generación de energía. ¿Cuál es el beneficio público? Una idea, la teoría del goteo, si se fortalecen las empresas privadas, estas generarán empleos. No se distribuye dinero, sino la capacidad de generarlo. Sin embargo, de acuerdo a una serie de artículos publicados por el Boston Globe justamente las empresas que se han beneficiado más de la seguridad corporativa son las que han reducido en mayor medida su personal: General Motors, IBM, AT&T, y un largo etcétera. El darwinismo económico que pregona la sobrevivencia del más fuerte en el mercado se transforma en un ejercicio donde el Estado elige a los ganadores, será por aquello del darwinismo político en el que quien recibe más donativos de campaña tiene mayores posibilidades de ganar: las perversiones económicas son criaturas de las perversiones políticas.